Empresarios anuncian que alcanzaron firmas para plebiscitar la inclusión financiera

La iniciativa, apoyada por movimientos como Un Solo Uruguay, busca que la consulta se celebre en las próximas elecciones departamentales.

Según Francisco Alfonso Pérez, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, anunció a finales de abril que se había alcanzado el número de firmas necesario para llevar a plebiscito la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria. En la conferencia de prensa dada por el titular de la gremial mencionó que se obtuvo un total de 272 mil firmas, las cuales son requeridas por la Corte Electoral para seguir a la etapa siguiente de consulta (FmGente).

La nota del diario El Observador también menciona que a pesar de haber llegado a la cantidad necesaria de firmantes, continuarán trabajando para conseguir más adhesiones. La idea es someter a una consulta popular la ley de Inclusión Financiera en las elecciones departamentales el próximo mes de mayo de 2020.

Cuando se entreguen las firmas, la Corte Electoral deberá comenzar con el conteo. El proceso de validación "que es llevado adelante por dos miembros de la corte de diferente filiación partidaria, consiste en contrastar la forma de la credencial con la registrada en la hoja electoral".

La nota también menciona que la Cámara Empresarial decidió no ponerse como meta esta consulta en las elecciones nacionales de octubre, dado que para este caso, tenían plazo hasta el 27 de abril.

Por otra parte, la propuesta de Salle "pretendía un agregado en el artículo 52 de la Constitución que dejara explícitamente señalado que está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria y que toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción económica o financiera cualquiera sea su monto". Asimismo, "incluía una disposición especial por la cual los bancos y emisores de dinero elecrónico no tendrían derecho a reclamo sobre daños, perjuicios y/o lucro cesante alegando como motivo la reforma".

En cambio "Crece" (la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este) pretende la reforma de cuatro artículos -24, 36, 53 y 85 de la Constitución- y entre los principales puntos a tratar, establecer que "nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad ni podrá ser sancionado por no hacerlo, y que el uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero será opcional para los contratantes".

Por último, la nota menciona que "se establece que el empleo de dinero electrónico o de mecanismos de inclusión u otros relacionados con el sistema financiero, que podrá habilitar la ley no obstará (impedirá) al derecho de los interesados, de cancelar sus adeudos o percibir sus haberes mediante el pago en moneda efectiva corriente, en instrumentos físicos que emitirá la autoridad monetaria".

Material generado a partir de la información digital del diario El Observador: click aquí

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