Inclusión Financiera en la Ley de urgente consideración

La inclusión financiera en nuestro país presentó desde un primer momento algunas voces opositoras, ya que se advirtió que la misma podría atentar contra la libertad de elección. No solamente con respecto al medio de pago, sino también el derecho a la intimidad. Este último punto se vincula a que el Estado pasa a saber cómo gasta (o no) el dinero el ciudadano, cuánta cantidad, las entidades bancarias utilizadas, canales de pago, entre otros.

Por lo tanto, el individuo perdía la posibilidad de elegir no estar incluido en la Ley de Inclusión Financiera, debido a que el Estado lo obligaba a ingresar a dicho sistema.

Con el cambio de gobierno luego del 1 de marzo del 2020, la oposición (ahora oficialismo) realizó unas cuantas modificaciones -varias de ellas radicales- que están contenidas en la Ley de Urgente Consideración.

Uno de los cambios más importantes que presenta, es que el empleador -antes obligado a pagar por medio electrónico- puede ahora negociar con el trabajador y recurrir al pago en efectivo. Este cambio, también abarca los pagos de servicios profesionales y partidas de alimentación.

De igual manera, las entregas de dinero realizados por el Estado hacia sus proveedores quedan a consideración de tales proveedores, quienes ya no estarán obligados a utilizar un método bancario. Todas las medidas que previamente restringían al efectivo, también se aplicará a los particulares, que ahora tampoco estarán obligados a la identificación del pago electrónico, pudiendo así ambas partes acordar la forma de abonar el dinero.

La Ley de Urgente Consideración sólo exigirá el uso de medios establecidos por la Ley de Inclusión financiera, cuando por ejemplo, el pago iguale o supere las 40.000 UI de manera que, sólo en este caso, deberá identificar la naturaleza de este pago.

Otro de los cambios, es que se derogan varios artículos (35, 36, 40 y 41) que se vinculan a los bienes inmuebles o vehículos automotores, así como sociedades comerciales. Específicamente refiriéndonos a los inmuebles, ya no será necesario dejar constancia del número de cuenta en el contrato, puesto que los alquileres podrán abonarse nuevamente en efectivo con dinero en mano.

Pese a todos estos cambios, las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera no flexibilizan la lucha contra el lavado de activos, sino que por el contrario, continúa con los controles para evitar la financiación de ilícitos y el movimiento de grandes sumas de dinero que puedan estar vinculados al mismo.

En síntesis, el ciudadano ahora podrá disponer del dinero que anteriormente tenía bancarizado y la Ley de Urgente Consideración responde a esta demanda. El pago electrónico surgirá ahora de la decisión individual o entre las partes de una transacción, en vez de ser una obligación impuesta por el Estado.

Información generada a partir del material de la página web: Asociación de profesionales uruguayos en gestión humana

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