Con una actividad económica por debajo de lo proyectado en el Presupuesto, el Ministerio de Economía estudia medidas de contención del gasto público para proteger las metas fiscales sin comprometer prioridades sociales.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que la actividad económica de Uruguay se está desacelerando por encima de lo previsto y que existe una probabilidad “bastante elevada” de revisar a la baja la proyección de crecimiento del PIB para 2026, fijada en 2,2% en la ley de Presupuesto. La señal abrió el debate sobre qué partidas del gasto público podrían diferirse o recortarse, y cuál es el margen real de maniobra del Ejecutivo.
La señal del MEF: diferir, no recortar de forma generalizada
Las declaraciones de Oddone fueron cuidadosas pero inequívocas. Ante la desaceleración de la actividad económica, el ministro señaló que “no se puede descartar ninguna medida” y que podría ser necesario asumir que “hay algunos compromisos que tenemos que diferir”. Al mismo tiempo, fue explícito en lo que no está sobre la mesa: las metas de política social y, en particular, los programas vinculados a infancia serán protegidos “a como dé lugar”.
La distinción entre “diferir” y “recortar” no es semántica. Implica que el gobierno no está contemplando una reducción permanente del gasto sino una postergación temporal de compromisos que pueden trasladarse sin afectar servicios esenciales. El dato del PIB del cuarto trimestre de 2025, cuya publicación era inminente al momento de estas declaraciones, se tomará como base para ajustar los escenarios del MEF sobre la actividad económica.
El trasfondo es concreto: en 2025 el gasto primario creció 5,7% en términos reales, muy por encima del crecimiento de la actividad económica, estimado en 1,8% según el Indicador Mensual de Actividad Económica. Las partidas con mayor expansión fueron inversiones (+21,2%), gastos no personales (+13,5%), transferencias (+5,2%) y pasividades (+3,3%). Esa brecha entre gasto e ingresos es la que presiona las metas fiscales.
El Consejo Fiscal Autónomo: actuar desde ya y revisar exoneraciones
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo asesor del MEF, ya había anticipado la situación de la actividad económica en su informe del 6 de marzo. Su mensaje fue directo: es necesario tomar acciones “desde ya” respecto al gasto, con el objetivo de evitar un desvío en las metas fiscales estructurales comprometidas bajo la nueva regla fiscal vigente.
El CFA aclaró que el ajuste no implica necesariamente reducir funciones ni descartar prioridades de política, sino identificar “gasto superfluo o de poca efectividad”. En esa línea, el organismo recomendó revisar exoneraciones impositivas, beneficios sectoriales y tratamientos preferenciales como posibles fuentes de corrección.
Si los riesgos macroeconómicos se agravan y los ingresos fiscales no se materializan según lo proyectado, el resultado fiscal estructural podría deteriorarse en medio punto porcentual, haciendo que la meta no se cumpla.
Qué dicen los analistas: entre la prudencia y la urgencia
Tres economistas consultados sobre la actividad económica ofrecen lecturas complementarias sobre cómo gestionar el ajuste fiscal en el escenario actual.
Silvia Rodríguez, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y docente de la Universidad de la República, considera que la desaceleración llevará al MEF a revisar sus escenarios, pero no a cambiar la meta fiscal en sí misma. A su entender, el ministro Oddone no apuntará a recortes del estilo de los realizados en administraciones anteriores —que califica de transitorios y poco efectivos— sino a diferir gastos puntuales.
Rodríguez advierte que no todos los recortes tienen el mismo impacto sobre el crecimiento: “Un recorte generalizado no me parece una buena recomendación, porque no asegura que se termine con mejores resultados”, señaló. Descartó que estén en riesgo sueldos, jubilaciones o convenios salariales ya firmados.
Alicia Corcoll, gerente senior de la consultora Exante, respaldó las recomendaciones del CFA y fue más enfática en la necesidad de actuar por el lado del gasto. Con una carga tributaria ya elevada, un crecimiento débil y costos políticos significativos para subir impuestos, el ajuste debería recaer sobre el gasto, argumentó.
Citó evidencia de que recortar gasto es menos nocivo que aumentar la presión fiscal. Reconoció, sin embargo, que el gasto en Uruguay es muy rígido a la baja: jubilaciones, salarios y transferencias representan una porción mayoritaria del total, lo que deja márgenes acotados en el corto plazo. Su sugerencia apunta a concentrar el ajuste en partidas discrecionales —inversiones postergables y gastos operativos— aunque advirtió que el margen en inversión tampoco es holgado dado el nivel actual del Presupuesto.
Ramón Pampín, gerente de PwC, abordó la cuestión desde el ángulo de la nueva regla fiscal. A su juicio, el Presupuesto presentado el año pasado está “muy sesgado” y parte de supuestos de ingresos que dependen de variables macroeconómicas que pueden no materializarse, generando una tensión sobre las cuentas fiscales. Coincidió con el CFA en que el ajuste debería venir por el lado del gasto discrecional más que por ingresos, aunque reconoció que su definición concreta dependerá de la economía política del momento.
La magnitud del problema: US$ 500 millones y la herramienta del tope de ejecución
Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), fue el más preciso en cuanto a los números. Con una actividad económica que creció por debajo de lo presupuestado tanto en 2025 como en lo proyectado para 2026, el ajuste fiscal necesario para evitar que el déficit se amplíe y comprometa la sostenibilidad de la deuda ronda los 500 millones de dólares, equivalentes al 0,6% del PIB.
Para alcanzar esa magnitud, Iturralde propuso una herramienta concreta que ya ha sido utilizada en otros gobiernos: “topear la ejecución del gasto corriente”. El mecanismo consiste en fijar un techo de ejecución para cada ministerio —por ejemplo, el 90% del gasto corriente autorizado en lugar del 100%— transfiriéndoles la responsabilidad de decidir qué programas o actividades se postergan dentro de ese límite. Algunas partidas, como el gasto social al que aludió Oddone, podrían quedar excluidas del tope.
“Se ha hecho antes, funciona, no es lo ideal”, reconoció Iturralde. Lo ideal, en su visión, sería una reingeniería estructural del gasto, pero en el corto plazo no hay margen para eso. El mecanismo del tope permite actuar con rapidez y a una escala de cientos de millones de dólares, que es la que se necesita dado el tamaño del desvío potencial.
Actividad económica y sostenibilidad fiscal: la ecuación de fondo para inversores
Para empresas e inversores con exposición a Uruguay, el debate no es puramente técnico. La forma en que el gobierno maneje la tensión entre actividad económica débil y disciplina fiscal tendrá consecuencias sobre el costo del crédito, el tipo de cambio real y la confianza en las instituciones económicas del país.
La señal positiva es que tanto el MEF como el CFA y la mayoría de los analistas comparten el diagnóstico sobre la actividad económica y apuntan en la misma dirección: ajuste por el lado del gasto discrecional, preservación del gasto social, sin subida de impuestos. Esa convergencia reduce la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
La señal de alerta es que los márgenes son estrechos. Con un gasto muy rígido, una actividad económica que no da señales de aceleración inmediata y una regla fiscal que exige resultados medibles, cualquier demora en la toma de decisiones puede transformar un desvío manejable en un problema de mayor envergadura. El debate está abierto y las decisiones concretas del MEF en las próximas semanas serán un termómetro clave del comportamiento fiscal del gobierno para el resto del período.
Con informaciones de El Pais
