El Ejecutivo amplía hasta 2026 el plazo para acceder a exoneraciones tributarias en proyectos de construcción, mientras analiza los resultados del programa lanzado en 2020.
Antecedentes de la promoción de inversiones inmobiliarias
A finales de abril de 2020, en plena emergencia sanitaria, el entonces presidente Luis Lacalle Pou puso en marcha un esquema de incentivos fiscales para el sector de la construcción amparado en la Ley 16.906. Mediante el Decreto 138/020, se habilitaron exoneraciones de impuestos para obras destinadas a la venta o alquiler de oficinas y viviendas, así como para urbanizaciones privadas de gran envergadura.
El objetivo fue mitigar el impacto de la pandemia en la economía, dinamizar el empleo y generar efectos multiplicadores hacia otras industrias.
Ajustes y ampliaciones del programa de promoción de inversiones inmobiliarias
Originalmente, un proyecto se consideraba de “gran dimensión” si su inversión superaba los 60 millones de unidades indexadas en obra civil y bienes comunes. Más adelante, esa cifra se redujo a 30 millones, abriendo la puerta a iniciativas de menor tamaño. Asimismo, el plazo para presentar proyectos se fue extendiendo sucesivamente: primero con fecha límite al 31 de diciembre de 2021 y luego, mediante prórrogas en 2021, 2022 y 2023.
Extensión hasta 2026 y condiciones de ejecución
El decreto más reciente, suscrito por el presidente Yamandú Orsi el 25 de marzo de 2025 durante la primera reunión del Consejo de Ministros, dispone que quienes registren sus proyectos antes del 1° de enero de 2026 podrán aprovechar el régimen de promoción de inversiones inmobiliarias. Además, las obras deberán concluir antes del 30 de septiembre de 2028. Según el Ejecutivo, mantener vigente este programa resulta “conveniente” mientras se evalúan sus efectos en el dinamismo del sector.
Principales incentivos fiscales del programa de promoción de inversiones inmobiliarias
Bajo este régimen, tras el informe favorable de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, se otorgan:
- Exoneración de aranceles de importación para maquinaria vinculada a la obra civil.
- Deducciones en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), que oscilan entre el 5% y el 40% según el tamaño del proyecto.
- Beneficios en el Impuesto al Patrimonio, reduciendo la carga fiscal de inversores y desarrolladores.
Estos estímulos han sido clave para mantener la actividad constructiva y atraer capital al mercado inmobiliario en momentos de incertidumbre.
Visión del partido de gobierno y próximos pasos en la promoción de inversiones inmobiliarias
En su programa de gobierno, el Frente Amplio subraya que las políticas de promoción de inversiones “deben enfocarse en proyectos con alto impacto y cuya realización dependa efectivamente de los incentivos otorgados”. En ese marco, la coalición prevé ajustar y perfeccionar los mecanismos de exoneración una vez concluida la evaluación de resultados.
Aunque el decreto está publicado en la web de Presidencia, no fue mencionado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que sugiere un carácter transitorio mientras se diseña el futuro del régimen.
La extensión por un año del régimen de promoción de inversiones inmobiliarias refleja una apuesta por la continuidad y la prudencia fiscal: ofrecer estabilidad al sector de la construcción mientras se mide su verdadero aporte al desarrollo nacional.
A corto plazo, construcciones presentadas hasta inicios de 2026 seguirán beneficiándose de exoneraciones y deducciones clave; a mediano plazo, el gobierno definirá ajustes que alineen estos incentivos con objetivos de valor agregado y sostenibilidad.
