El gobierno presentó una agenda de reformas microeconómicas para mejorar competitividad, reducir trámites burocráticos y hacer más eficiente el comercio exterior, con beneficios directos para empresas e inversores.
El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone presentaron una agenda concreta para mejorar competitividad en Uruguay: un proyecto de ley que irá al Parlamento y cuatro medidas de aplicación inmediata que no requieren aprobación legislativa. El paquete apunta a eliminar trabas burocráticas, modernizar el comercio exterior y generar un ahorro estimado de 20 millones de dólares anuales para el sector privado.
El diagnóstico: burocracia como freno para mejorar competitividad
Al abrir la conferencia de prensa, el presidente Orsi fue directo en su diagnóstico para mejorar competitividad. Uruguay ofrece estabilidad macroeconómica, pero en materia de clima de negocios, comercio exterior e inversión, el país acumula una deuda pendiente: procesos lentos, costos elevados y una burocracia que en algunos tramos parece diseñada para dificultar en lugar de facilitar.
El ministro Oddone fue igualmente claro respecto al enfoque elegido para mejorar competitividad: no se trata de política macroeconómica ni de manipulación cambiaria. “La política macroeconómica ha hecho casi todo lo que tiene que hacer“, señaló, y descartó explícitamente el tipo de cambio como variable de ajuste. “No vamos a construir un Uruguay barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica”, afirmó. El camino elegido es la reforma microeconómica: mejorar la eficiencia del sector público y reducir los costos operativos que hoy encarecen la actividad privada.
Oddone fue también cuidadoso en precisar que la agenda para mejorar competitividad “no es una de desregulación“, sino de mejora selectiva de procesos. La distinción no es menor para inversores: no se trata de eliminar controles, sino de hacerlos más inteligentes y menos costosos.
La Ley de Competitividad e Innovación: qué incluye y cómo se construye
El instrumento central de la agenda para mejorar competitividad es el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación (LCI), que el Ejecutivo remitirá al Parlamento. La decisión de llevarlo por vía legislativa —incluso para aspectos que podrían implementarse por decreto— responde a una lógica política deliberada: forzar que el sistema político debata públicamente los fundamentos, objetivos e instrumentos de la agenda de competitividad.
El proyecto se construirá con aportes del sector privado. En paralelo al anuncio, el MEF inició un proceso de consulta con cámaras empresariales y el PIT-CNT, invitando a todos los actores a proponer qué aspectos consideran prioritarios para incluir en la redacción final.
En términos de contenido, la LCI tiene dos ejes principales. El primero es la agilización de procedimientos de evaluación: reglamentación de declaraciones juradas, uso del silencio administrativo y reconocimiento de certificaciones de otros países para evitar dobles controles. El segundo es la reforma del Código Aduanero y la actualización de normativas de comercio exterior, con el objetivo de trasladar mayor responsabilidad a las empresas y hacer los mecanismos de control más eficientes y menos intrusivos.
Las cuatro medidas inmediatas para mejorar competitividad en el comercio exterior
Además del proyecto de ley para mejorar competitividad, el Ejecutivo anunció cuatro iniciativas que entrarán en vigencia a la brevedad sin necesidad de aprobación parlamentaria. Su impacto combinado es el que explica el ahorro de 20 millones de dólares anuales proyectado por el MEF.
- Eliminación de la intervención previa de la DGI en comercio exterior. La Dirección General Impositiva dejará de intervenir de forma previa en las operaciones de comercio exterior, transfiriendo esa coordinación directamente a la Dirección Nacional de Aduanas. Esta medida afecta al 15% de las operaciones, lo que equivale a aproximadamente 25.000 operaciones anuales. El ahorro para las empresas se traduce en menos certificados, menos tiempo de espera y menor costo logístico.
- Eliminación del papel en las operaciones aduaneras. La Dirección Nacional de Aduanas pasará a exigir exclusivamente soporte electrónico, y todos los trámites del MEF vinculados al comercio exterior se canalizarán por la ventanilla única de comercio exterior. Esto elimina la gestión presencial y reduce los tiempos de despacho.
- Facilidades de pago para importadores. Las empresas podrán abonar los tributos correspondientes a una importación dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la mercadería, en lugar de hacerlo al momento de su liberación. Esta modificación tiene un impacto directo sobre el capital de trabajo de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que hasta ahora debían adelantar pagos antes de recibir los bienes.
- Reducción de costos aduaneros. Esta medida tiene tres componentes: la eliminación del precinto electrónico; la reducción del plazo para la devolución de tributos a exportadores que utilizan operadores económicos calificados, de 210 a 30 días, lo que mejora significativamente la liquidez de las empresas exportadoras; y la eliminación del “canal rojo” de Aduanas como categoría fija, aplicando controles físicos únicamente en base a criterios de análisis de riesgo.
Contexto: una agenda de largo aliento para mejorar competitividad desde las bases
Las medidas anunciadas no surgen de la nada. En julio del año anterior, el MEF ya había presentado 13 iniciativas orientadas a facilitar el comercio exterior, varias de las cuales anticipaban el espíritu de lo anunciado ahora. Algunas de las propuestas de entonces ya fueron implementadas con la aprobación del Presupuesto Nacional.
Lo que hace diferente al paquete presentado es su alcance y su formalización: ya no se trata de medidas aisladas sino de una agenda estructurada, con un proyecto de ley como ancla y un conjunto de medidas inmediatas que demuestran voluntad de avanzar sin esperar los tiempos parlamentarios.
Para empresas e inversores con presencia o interés en Uruguay, la lectura de fondo es relevante: el gobierno ha optado por mejorar competitividad atacando los costos de transacción que encarecen la operativa diaria, en lugar de recurrir a incentivos fiscales o ajustes cambiarios. Es una apuesta por la competitividad estructural, más duradera y menos volátil que los instrumentos de corto plazo.
Oddone lo sintetizó con precisión: “Este es el inicio de esa agenda“. La frase no es retórica: implica que lo anunciado es apenas el primer capítulo de un proceso de reformas que el Ejecutivo tiene intención de sostener durante el período de gobierno. Para quienes toman decisiones de inversión, esa señal de continuidad es, en sí misma, un dato a considerar.
Con información de Montevideo Portal
