Delante de la suba en precios de inmuebles, la capacidad para acceder a una vivienda propia en nuestro país, disminuyó al mínimo en los últimos dos años.
Entran en vigencia nuevas normativas de pagos bancarizados, que afectarán desde el 1º de diciembre la modalidad del efectivo. Entre ellas, se hallan: los alquileres, las operaciones superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI) —unos US$ 4.385—, las compra-venta de inmuebles y los vehículos motorizados.
La Ley de Vivienda Social No. 18.795 se trata de un programa para promover y facilitar a los núcleos familiares de ingresos medios, medios-bajos y bajos un mejor acceso a las llamadas viviendas de interés social (cuya abreviación es VIS) con el objetivo de facilitar la compra o el arrendamiento mediante distintas exoneraciones tributarias a inversores privados, quienes construyen, amplían, reciclan propiedades, o compran proyectos que están bajo el amparo de la presente ley.
El nuevo programa para la compra de viviendas tiene como objetivo acaparar a la población cuyos ingresos no sobrepasan los $43.842. Puede tratarse de un inmueble a estrenar y debe existir un ahorro previo del 10%.
Según los datos del informe aportado por la Agencia Nacional de Vivienda en octubre del año 2013, el mercado inmobiliario cuenta con total de 61.761 jóvenes que cumplen con los requerimientos necesarios para acceder a un crédito hipotecario.